Soler acusa al PP de Torrevieja de eludir la fiscalización del contrato cultural tras pagar más de 160.000 euros que debía asumir la adjudicataria
“Lo hemos intentado todo por la vía administrativa y lo han bloqueado todo. Las explicaciones que no han querido dar a la ciudadanía tendrán que darlas en sede judicial”
6 Ene, 2026

La portavoz socialista Bárbara Soler ha acusado al equipo de gobierno del PP en Torrevieja de bloquear la fiscalización del contrato de gestión cultural después de que el Ayuntamiento haya asumido con dinero público más de 160.000 euros en derechos de autor que, según el contrato, correspondían a la empresa adjudicataria, ESATUR–Media Pro.

El Grupo Municipal Socialista denunció esta situación durante el pleno extraordinario de fiscalización celebrado esta mañana, en el que se puso de manifiesto que el Instituto Municipal de Cultura (IMC) ha venido abonando estos pagos con fondos municipales sin reclamar posteriormente su reintegro a la empresa, pese a que el contrato establece de forma expresa que esa obligación corresponde al adjudicatario.

Soler recordó que esta responsabilidad figura literalmente en la cláusula 8.5.1 del contrato y se reitera en la cláusula 10.5. “El contrato no deja lugar a dudas: la gestión y el pago de los derechos de autor corresponde en todo caso a la empresa adjudicataria. Sin embargo, estos pagos los estamos asumiendo todos los torrevejenses con dinero público”, afirmó.

La portavoz socialista denunció además que el pleno celebrado no fue el solicitado inicialmente por su grupo, ya que el PP habría eliminado puntos del orden del día, bloqueado la emisión de informes técnicos, jurídicos y de intervención, y limitado el acceso completo a la información económica del contrato. “Estamos ante un atentado directo contra nuestros derechos como concejales. Se nos ha impedido fiscalizar todos los pagos realizados. Tendrán sus motivos”, señaló.

Durante el debate, Soler desmontó la explicación ofrecida por el alcalde, quien justificó los pagos asegurando que el Ayuntamiento debía asumir los derechos de autor de las actividades cuya recaudación ingresa el consistorio. “Esa interpretación no se sostiene ni en el contrato ni en la realidad. Las empresas aceptaron quedarse sin la taquilla y, a cambio, asumir los derechos de autor. No existe ninguna cláusula que respalde la versión del alcalde”, subrayó.

Lejos de aclarar el fondo del asunto, el alcalde optó por minimizar el debate y llegó a afirmar que “a los ciudadanos no les importa quién pague los derechos de autor”. Para Soler, esta afirmación es “gravísima”: “Al alcalde sí debería importarle quién paga lo que corresponde, porque estamos hablando de dinero público y de un incumplimiento contractual”.

La portavoz socialista recordó también que, aunque entidades como la SGAE puedan reclamar el pago directamente al Ayuntamiento como promotor de las actividades, la jurisprudencia reconoce el derecho de la administración a ejercer la acción de repetición contra la empresa obligada por contrato. Para explicarlo, utilizó una analogía clara: “Si el inquilino debe pagar los suministros y el propietario acaba pagando, luego puede reclamarle esas cantidades. Eso es exactamente lo que debería hacerse aquí”.

El PSOE denunció además que en el propio expediente consta un documento de 2024 en el que un técnico del contrato solicita a la empresa información sobre el pago de derechos de autor, reconociendo expresamente que esa obligación era de la adjudicataria. Esa solicitud nunca fue respondida y el procedimiento quedó paralizado.

Para el Grupo Municipal Socialista, el bloqueo sistemático del PP a la fiscalización solo incrementa las dudas. “¿Por qué no quieren que se fiscalice este contrato? ¿Por qué prefieren que estos pagos salgan del bolsillo de todos los torrevejenses en lugar de exigirlos a la empresa, como marca el contrato?”, se preguntó Soler, que también aludió a posibles conflictos de intereses en las votaciones.

“Lo hemos intentado todo por la vía administrativa y lo han bloqueado todo. Las explicaciones que no han querido dar a la ciudadanía tendrán que darlas en sede judicial”, concluyó la portavoz socialista.


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