El 14 de enero de 1971, con D. Vicente García García como alcalde, comenzaba la historia de los institutos de Enseñanzas Medias en Torrevieja.
Antes de esa fecha, con una población estimada de apenas 10.000 habitantes, solamente unos 40 alumnos de Torrevieja estudiaban Bachillerato en academias privadas, que posteriormente les permitían examinarse “por libre” en Alicante, Murcia u Orihuela, con las dificultades y desventajas añadidas que aquella situación suponía.
Ese 14 de enero de 1971 se ponía en marcha el nuevo instituto como Sección Delegada del Instituto Femenino de Alicante, con 146 alumnos, entre los que se encontraba quien escribe estas líneas.
No sería hasta septiembre de 1973 cuando se convertiría en Instituto Nacional de Enseñanzas Medias, adquiriendo autonomía propia. Para ello hubo que incorporar alumnado de Guardamar, Pilar de la Horadada y San Pedro del Pinatar, con el fin de alcanzar el cupo necesario de 500 alumnos y poder continuar su andadura.
Cincuenta y tres años después, la película es completamente distinta. En 2026 hemos superado los 113.000 habitantes, de los cuales más de la mitad son ciudadanos de más de 120 nacionalidades diferentes.
Estas cifras también se reflejan en los alumnos matriculados, que ya superan los 17.000, con una composición multicultural similar, distribuidos entre 13 colegios y 5 institutos.
Este desajuste educativo tiene una repercusión grave en el día a día lectivo: ratios imposibles, escasez de profesorado cualificado para afrontar aulas donde hasta el 90% del alumnado es extranjero, alumnos de educación especial sin la atención adecuada y una saturación excesiva en todos los ámbitos dependientes del profesorado.
En estos días estamos viviendo una huelga indefinida de profesores de la Comunidad Valenciana, en defensa de sus legítimos derechos cualitativos y cuantitativos, cansados de años de promesas incumplidas por parte de las distintas administraciones.
Pero no vamos a entrar en terrenos que corresponden a sindicatos y representantes de la educación valenciana.
Uniendo las dos premisas anteriores y teniendo en cuenta la actual ley educativa (Ley Orgánica 3/2020, LOMLOE), considero que dentro de la rigidez de la legislación deberían contemplarse excepciones a la norma general. Y un buen ejemplo sería nuestro municipio.
Creo que es imposible encajar la realidad de Torrevieja dentro de una ley uniforme que quizá pueda funcionar perfectamente en Ontinyent, Morella o Pinoso —municipios que tendrán sus propios problemas, ajenos a la masificación—, pero que resulta claramente insuficiente para una ciudad con características tan extraordinarias como la nuestra.
Y digo extraordinarias porque, ante circunstancias especiales, deberían aplicarse medidas especiales. El rasero no puede ser el mismo para una ratio de 15 o 18 alumnos que para otra de 32 o 35, y no por capricho, sino por obligación legal.
Pero, claro, supongo que resulta más práctico —y más fácil— ampararse en unos parámetros generales consensuados para todos que esforzarse en buscar soluciones específicas para municipios donde el “boom” turístico ha generado un planteamiento educativo excepcional.
Creo sinceramente que Torrevieja debería ser tratada como un caso singular, con anexos y medidas específicas adaptadas a su realidad, porque la situación así lo requiere y sería perfectamente comprensible con los datos sobre la mesa.
Solo es una idea, probablemente difícil de materializar, pero que al menos debería servirnos para reflexionar sobre el futuro de la calidad educativa en nuestro querido pueblo.
Juan Carlos García Sala
Todo Torrevieja
