Desde los Verdes de Torrevieja queremos informar sobre el recurso de reposición que hemos presentado contra el acuerdo alcanzado en sesión plenaria, el 17 de enero de 2023, por el que se aprobó la gestión privada de un servicio público como es el servicio de transporte urbano.  

Este recurso se basa principalmente en la constatación del incumplimiento de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera en 2022, lo que hace imposible financieramente hablando, la contratación de una empresa privada que gestione el servicio de transporte. Y es que las cifras son demoledoras:

El año 2022 se cierra con un déficit de financiación de más de 19 millones de euros que, se estima, aumentarán hasta los 65 millones en 2023.

Además, en este mismo año se incumple el principio de sostenibilidad financiera, puesto que se alcanza un ahorro neto real negativo de 6.5 millones de euros que también aumentará a lo largo del 2023, hasta alcanzar los 28.5 millones. 

El remanente de tesorería para gastos generales será negativo en 2024 por más de 11.6 millones de euros, aumentando también esta cifra hasta los 84.7 millones en el año 2026 (si seguimos como hasta ahora).

Que estos datos son más que preocupantes en un hecho. Pero lo que es aún peor, es que, contando con la experiencia profesional de la Interventora General y teniendo en cuenta su astronómico sueldo, hayamos alcanzado estos límites sin que la misma haya advertido sobre la situación. En condiciones normales, se debería haber exigido un reparo suspensivo a la espera de la liquidación del ejercicio 2022, para contrastar estos índices, antes de aprobar la gestión indirecta del transporte público. 

Con estas cifras en la mano, desde los Verdes de Torrevieja nos vemos en la obligación de solicitar la anulación de este acuerdo, que consideramos una auténtica locura, ya que en ningún caso se acredita estabilidad presupuestaria alguna y, por lo tanto, tampoco se acredita la sostenibilidad económica de este proyecto. Esto, al menos, hasta conocer el informe que debe presentar la Interventora General sobre el presupuesto de 2022 en el que debe reflejar el cumplimiento o incumplimiento de la estabilidad presupuestaria. 

Y la pregunta es la misma, una y otra vez: ¿para qué nos sirven estos cargos pertenecientes al selecto “club de los cien mil”, pagados con nuestros impuestos,  cuando ni siquiera son capaces de alertar sobre la grave situación económica en la que se encuentra el Ayuntamiento de Torrevieja?