La Fiscalía ha presentado cargos contra el presidente, la vicepresidenta y el administrador de la finca por presuntamente haberse quedado con ese dinero que pertenecía a la comunidad de vecinos.

Según la Fiscalía, los acusados emitieron 198 cheques al portador a cargo de la comunidad que no se correspondían con ningún servicio. Es decir, los cheques no tenían un destinatario específico ni se justificaban con facturas o servicios prestados. Además, también se les acusa de haberse quedado con parte del dinero que se destinaba a las obras de la fachada.

Los acusados tendrán que enfrentar cargos de malversación de fondos y fraude. La Fiscalía está pidiendo una pena de dos años y medio de prisión para los tres acusados.

Este caso es un ejemplo más de la importancia de una buena gestión financiera y transparencia en las comunidades de vecinos.