El Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Torrevieja ha presentado una moción al Pleno para instar al Gobierno de España a modificar la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados, con el fin de eliminar la obligación de que los ayuntamientos repercutan directamente el 100% de los costes de gestión de residuos sobre los vecinos.
La portavoz del grupo, Rosario Martínez Chazarra, subraya que esta imposición resulta injusta y atenta contra la autonomía municipal, ya que el Ayuntamiento de Torrevieja ha demostrado que se puede mantener un servicio de recogida y tratamiento de residuos eficiente y moderno sin subir la presión fiscal.
Reforma de la ley y autonomía local
La moción solicita una reforma de la Ley 7/2022 para permitir que los ayuntamientos puedan financiar este servicio con cargo a sus presupuestos o mediante modelos mixtos. Además, propone incorporar bonificaciones sociales para familias vulnerables, pensionistas y autónomos con bajos ingresos, y sustituir las penalizaciones por incentivos al reciclaje y la economía circular.
El PP también pide la creación de mecanismos de financiación estatal y autonómica, y un Plan Nacional de Infraestructuras para la Economía Circular, cofinanciado con fondos europeos, que garantice a los municipios el cumplimiento de los objetivos de reciclaje sin tener que subir las tasas municipales.
“El tasazo de Pedro Sánchez”
Desde el PP se denuncia que el llamado “tasazo” impuesto por el Gobierno de Pedro Sánchez ha obligado a los ayuntamientos a subir la tasa de basuras para cubrir el coste total del servicio. Algo que, recuerdan, no exige la Unión Europea, ya que la Directiva (UE) 2018/851 permite otras fórmulas de financiación.
Esta decisión política nacional ha generado una importante carga económica para los vecinos y una inseguridad jurídica entre los ayuntamientos, ante la falta de un desarrollo reglamentario claro y la diversidad de ordenanzas locales que se están aprobando.
Torrevieja, ejemplo de gestión sin subir tasas
El Ayuntamiento de Torrevieja ha conseguido mantener congeladas las tasas municipales y el tipo mínimo del IBI pese al aumento de los costes de limpieza y recogida de basuras, que superan los 20 millones de euros anuales.
Para el Grupo Popular, esta gestión demuestra que es posible ofrecer un servicio moderno, eficiente y responsable con el medio ambiente sin trasladar todo el coste al ciudadano.
